El gran lío de los avales

Joan Laporta y su junta directiva cerraron el aval de 124,6 millones de euros necesario para ser investido presidente sobre la bocina. Las circunstancias no eran las mejores ni la cifra era menor, por lo que el actual equipo de gobierno del club sufrió muchísimo para llegar a tiempo. En aquel momento empezaron a cerrar las bases de la renovación de las garantías económicas necesarias para seguir en el cargo porque el actual aval caduca el próximo 30 de noviembre y son varios de los actuales avalistas que no seguirán ejerciendo tal compromiso con la entidad y con el presidente. Entre ellos, por ejemplo, Jaume Roures, presidente de Mediapro, que aportó 30 millones de euros. O Sisco Pujol, ex miembro de la candidatura de Jordi Farré que no pudo entrar en la actual directiva por no tener la antigüedad necesaria, que puso una suma que, según las fuentes, va de los cinco a los diez millones. Pero hay más.

Sin poder mantener la actual estructura del aval, la junta directiva está obligada a buscar soluciones que pasan, de forma imprescindible, por encontrar nuevos avalistas que puedan asumir las cantidades que se perderán. En un primer momento, se esperaba que la reducción del presupuesto de gastos previsto para esta temporada fuera notablemente inferior al anterior y ayudara a rebajar el importe del aval. Sin embargo, no solo la cifra no es notablemente inferior (de 831 a 784 millones), sino que, además, la intención de trocear el ejercicio para no tener que avalar por las pérdidas computadas a la junta de Bartomeu no está teniendo buena acogida en LaLiga. “La Ley del Deporte es clara”, aseguran desde la patronal.

No es la falta de voluntad, sino la obligatoriedad de someterse a la Ley del Deporte. Eso sí, como comentaremos más adelante, se están explorando soluciones intermedias. Pese a ello, desde LaLiga recuerdan que existe una sentencia del Tribunal Supremo que obliga a ir con mucha cautela a la hora de tomar según qué dirección. En 2012, el TS dio la razón al socio Vicenç Pla, que había pedido en su día la ejecución de los avales a la junta directiva de Joan Laporta. El texto no dejaba lugar a interpretaciones: “La Liga Nacional de Fútbol Profesional constituye un instrumento para dotar de eficacia a la norma, pero no impide que los socios ejerciten ante la jurisdicción civil pretensiones derivadas del tráfico jurídico privado”. Es decir, que el Barça y LaLiga pueden pactar lo que quieran, pero la Ley del Deporte siempre estará por encima de estos pactos y cualquier socio puede acudir a los juzgados para evitarlos. Además, con la jurisprudencia que ofrece el Tribunal Supremo.

En busca de soluciones

A partir de ahí, la intención de la junta de Laporta de dividir en dos el ejercicio económico de la temporada 2020-2021 entraría en una nueva dimensión. Si, pese a la sentencia citada, deciden seguir adelante con el plan, se arriesgan a que el episodio de 2012 se repita, aunque, eso sí, ganarían tiempo. En cualquier caso, la intención es encontrar soluciones parciales con las que poder asumir el coste del aval.

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Una de ellas (y es en la que están trabajando, según confirman desde el Barça y desde LaLiga) es revisar al detalle las pérdidas contraídas desde la llegada de Joan Laporta. En ese sentido, es muy probable que LaLiga permita no tener que avalar el 15% de los 481 millones pérdidas imputados a la junta de Bartomeu, pero sí que deban hacerlo por el importe de las provisiones realizadas e, incluso, por las depreciaciones del valor de los jugadores. Eso ayudaría a rebajar el importe final del aval.

Se buscan directivos

Otra solución pasa por la demanda por parte de la junta de pedir en la próxima asamblea de socios compromisarios poder aumentar el número de directivos hasta los 25. Hace muchas semanas que varios miembros del equipo de gobierno de Laporta están trabajando en encontrar nuevos directivos con un alto poder económico que puedan ayudar a solventar el trámite de los avales, que se ha convertido en un dolor de muelas continuo. El problema es que, aunque se haya rebajado la previsión de gastos, si la junta se ve obligada a avalar por las pérdidas o parte de las imputadas a la anterior junta, los 124,6 millones de euros del actual aval se verán incrementados, lo que aún hace más complicada la ardua tarea de encontrar nuevos avalistas que se sumen al proyecto de Joan Laporta. En definitiva, es más que probable que la cantidad a avalar crezca en lugar de, como se estaba planteando, disminuya.