El 'forensic' cifra en más de 30 millones el daño económico de la gestión de Bartomeu

“No se puede construir desde la mentira. Queremos cerrar una etapa oscura y volver a dar alegrías al barcelonismo”. Incluso en la presentación de una cuestión tan farragosa como el trabajo de investigación ‘forensic’ sobre la gestión de la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, Joan Laporta intentó trasladar su optimismo a la afición del FC Barcelona. El presidente blaugrana, acompañado por el vicepresidente Eduard Romeu y Jaume Campaner, abogado especialista en derecho económico y procesal, detalló las principales conclusiones de un informe que destapa tres posibles delitos por parte de su predecesor en el cargo de máxima responsabilidad de la entidad culé –deslealtad, apropiación indebida y falsedad contable– y no descarta un “posible enriquecimiento”.

Con la voluntad de “no ser cómplices de las actuaciones que llevaron a una situación de ruina al Barça”, Laporta cedió la palabra a Campaner para que especificara los cinco hechos concretos de pagos desproporcionados, sin causa o con causa falsa, descubiertos por el ‘forensic’. El primer punto tiene que ver con la retribución de intermediarios por servicios no justificados (pago de comisiones del 33 por ciento cuando normalmente) y la existencia de empresas “que nacieron únicamente para facturar al Barça”. En segundo lugar, los contratos a un despacho de abogados que recibió 1,7 millones de euros por “un simple acuerdo de conformidad” y siete millones por el fichaje de un jugador supusieron un “derroche de dinero desproporcionado y abusivo”.

La distorsión deliberada de “unos beneficios completamente artificiales que no reflejan la situación real del club", el pago de 1,5 millones para “comprar el silencio de determinadas personas [Club Laietà] en el marco de las obras del Espai Barça y la modificación del Plan General Metropolitano” y el “pago ilegítimo de 15 millones a un club de Primera División [Atlético de Madrid] por un falso derecho de tanteo sobre jugadores jóvenes” son las otras cuestiones que la directiva de Laporta ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial para “que sea el órgano que detalle si estas personas apoderadas tuvieron una conducta delictiva o no”, según explicó el propio mandatario barcelonista.

30 millones de daño económico aproximado

Almudena Ruiz, experta legal de Kroll, la empresa encargada de elaborar el ‘forensic’, cifró en “más de 30 millones” el daño económico aproximado de las actuaciones mencionadas de Bartomeu, cuya junta siguió un ‘modus operandi’ basado en saltarse los mecanismos de control internos para confeccionar unos contratos “firmados por personas con poder en el Barça”. En su intervención, Eduard Romeu detalló la “desastrosa” situación heredada, el verdadero motivo del inicio de la investigación. El vicepresidente económico destacó la “enorme deuda de 1.350 millones de euros” y la “elevada masa salarial” como los principales incendios a apagar rápidamente cuando Laporta ganó las elecciones. El directivo, sin embargo, remarcó que “detectar el culpable no arreglará el problema”. “La situación la tendremos que enderezar nosotros mismos”, insistió.

La acción de responsabilidad, prácticamente descartada

Cuestionado por la posibilidad de emprender una acción de responsabilidad, ‘Jan’ explicó que “no le deseo el mal a nadie, ni a las personas que me hayan hecho daño en el pasado ni a mis adversarios”. “Lo que hacemos con esto es un ejercicio de responsabilidad porque nosotros no tenemos nada que ver con estos hechos. No tengo interés en que alguien sufra. Es un ejercicio de transparencia, todos los socios y socias deben conocer la realidad”, analizó el presidente. “No somos policías ni jueces. No usaremos recursos del club para iniciar una serie de acciones que se podrían eternizar, generarían un gasto excesivo y, además, que no tendríamos la garantía de ganar. Por eso todo queda en manos de la Fiscalía”, justificó antes de asegurar que está “abierto” a hablar con Bartomeu. “No me cierro nada y menos a dialogar. Pensamos que esto lo teníamos que hacer como lo estamos haciendo. Los socios tienen derecho a saber lo que se han hecho los últimos años”, insistió.

Jaume Campaner, por su parte, fue muy contundente a la hora de valorar que "no tenemos duda de que todos estos hechos son constitutivos de delito penal”. "Por eso los hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. No se trata de juzgar la gestión de la anterior junta directiva, sino de explicar conductas delictivas gravísimas, groseras y esperpénticas que no se pueden sostener de ninguna forma. No estamos hablando de matices, sino de cantidades millonarias", sentenció el abogado.