La Fiscalía pide que Laporta, Rosell y Gaspart declaren en el 'caso Negreira'

Según una información del diario 'El Mundo', alguno de ellos podría pasar de testigo a investigado

La Fiscalía presentará la denuncia en las próximas horas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona

Laporta: "En breve daremos las explicaciones necesarias"

Joan Laporta habló sobre el 'caso Negreira' tras un acto del club / EFE

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La Fiscalía presentará en los próximos días una denuncia contra el FC Barcelona como persona jurídica por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, que percibió del club azulgrana 6,2 millones de euros entre 2001 y 2018 a través de las empresas, Dasnil 95 SL y Disnal SCP. La Fiscalía acusará al Barça de corrupción en los negocios en su modalidad continuada y también denunciará a Enríquez Negreira, Josep Maria Bartomeu, expresidente del club, y a algunos de los que fueron sus más altos ejecutivos, Òscar Grau y Albert Soler.

Según una información del diario 'El Mundo', la Fiscalía solicita que declaren como testigos todos los presidentes del Barça entre el 2001 y el 2018. Es decir, que lo deberán hacer Joan Gaspart, Joan Laporta y Sandro Rosell. Siempre según esta información, no se descarta que alguno de ellos pueda pasar de testigo a investigado. Se trataría de Rosell, pues si los hechos se consideran delito continuado, la prescripción podría pasar de cinco a diez años.

La denuncia de la Fiscalía la está esperando el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona y la añadirá a la que ya presentó el exárbitro Estrada Fernández, una querella contra Enríquez Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero que todavía no ha sido admitida a trámite. Posteriormente, el juez abrirá diligencias contra todos los acusados.

Las penas previstas van de los seis meses a los cuatro años de cárcel junto con inhabilitación especial y el pago de una multa del triple del valor del beneficio o ventaja obtenido ilícitamente. El Código Penal también establece que se podría multar y sancionar a las entidades jurídicas condenadas no sólo con su inhabilitación para competir sino, en caso extremo, ordenar la disolución.