Vicente Magro, juez del Tribunal Supremo, desvela cómo desalojar rápido a los okupas en España

La okupación está en boca de todos y se ha convertido en un tema que preocupa a muchos ciudadanos. Según el Ministerio del Interior, en 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación de viviendas, un 7% más que en 2023, lo que supone unos 45 casos diarios.

Uno de los mayores problemas para los propietarios es cómo desalojar a los okupas, que a menudo conocen las estrategias legales que les permiten retrasar la actuación de la Policía o la justicia.

Sobre este tema habló el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, autor del libro 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble', que lo define como un manual para "uno de los más graves problemas que existen en la actualidad".

En declaraciones a 'La trinchera' de 'esRadio', el juez cree que la okupación "se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas para luchar contra un fenómeno detrás del cual la sensación y sensibilidad de la sociedad es que existe una absoluta impunidad".

Magro criticó la Ley de la Vivienda, afirmando que "ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo". Comparó la situación con Italia, Francia, Alemania, Holanda o Bélgica, donde muchos casos se resuelven en 72 horas "como debe ser".

En su libro también aborda a los 'inquiokupas', quienes alquilan un piso y dejan de pagar sin abandonarlo. Según Magro, esto se considera un impago de renta, pero la vía civil es lenta. Su recomendación es denunciar penalmente, lo que permitiría medidas cautelares como el desalojo inmediato.

"Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa. Cuando yo, al momento de contratar, tengo ya la intención de incumplir, es una estafa", detalla.

Otro factor que retrasa los procesos judiciales son los informes de vulnerabilidad de los okupas: "La Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta", explica el magistrado, criticando que en muchos casos los Servicios Sociales conceden la vulnerabilidad por teléfono, sin comprobaciones físicas.

"Por eso, muchos juristas estamos reclamando una Ley Integral del fenómeno de la okupación que dé respuesta a todo esto, porque esto es lo que se hace en un Estado de derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos", zanjó el juez.