La V16 de la DGT podría ser ilegal: Europa estudiará a España por obligar a los conductores a comprársela

La polémica de las balizas V16 sigue en todo lo alto dos meses después de su puesta en marcha. Desde el 1 de enero en España es obligatorio llevar el dispositivo de preseñalización en el coche o moto, enfrentándose a multas de 80 euros en caso de no llevarla y ser requerida por las autoridades.

Tras todo el revuelo causado por su utilidad en determinadas situaciones en la carretera, ahora la Comisión Europea se ha encargado de que el tema vuelva a estar de actualidad al confirmar que estudiará si la obligatoriedad impuesta por la DGT en cuanto a la compra es legal.

Según los eurodiputados del PP que han elevado el caso hasta instancias continentales, el hecho de convertir el dispositivo en algo mandatorio podría vulnerar el Derecho de la Unión Europea, ya que solamente influye a los ciudadanos españoles y no al conjunto de europeos.

Así, podría incurrirse en una falta que contradiría el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sin justificación. También afectaría al artículo 258 al no haber informado el Gobierno del proyecto a las autoridades pertinentes antes de ponerlo en marcha, un elemento indispensable en estos casos.

Según la norma, los productos deben ser reconocidos por los Estados Miembros, algo que no habría pasado con la baliza, algo que podría ser similar a una restricción del comercio en el mercado interior.

Además, piden que se ponga la lupa en el hecho de haber permitido la presencia de V16 sin homologación, por lo tanto demostrando que no se ejercieron los controles adecuados por parte del Gobierno.

Esto va en consonancia, por ejemplo, con la retirada de la homologación de diversas balizas pocos días antes de la puesta en marcha de la medida, dejando desamparados a muchos conductores que ya había desembolsado dinero para cumplir con la nueva normativa y que se vieron obligados a volver a hacer el gasto.

Hasta el momento la Comisión no ha valorado negativamente el uso legalizado del dispositivo, ni tampoco con el procedimiento seguido para imponer la obligatoriedad del mismo, pero ha asegurado que estudiará el caso y se pronunciará próximamente.