SOCIEDAD
Un trabajador con 32 años de antigüedad, despedido mientras estaba de baja por ictus: la Justicia fija 32.000 euros de indemnización
La Justicia avala el despido de un trabajador tras 32 años en su puesto

Despido procedente / EFE
Un trabajador que llevaba más de 30 años prestando servicio para el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha sido finalmente cesado después de no superar el proceso selectivo convocado para estabilizar su plaza.
La Justicia ha confirmado que la extinción del contrato fue legal, aunque también ha reconocido su derecho a una indemnización superior a los 32.000 euros.
El empleado comenzó a trabajar en el consistorio en mayo de 1992 y desempeñó sus funciones durante más de 30 años. Sin embargo, su situación laboral no era la de funcionario ni la de empleado fijo, sino la de personal indefinido no fijo, una figura habitual en administraciones públicas cuando existen irregularidades en la contratación.
En 2017 una sentencia judicial determinó que había existido cesión ilegal de trabajadores, lo que obligó a reconocer su relación laboral con el Ayuntamiento. Desde entonces, pasó a ocupar su puesto con la condición de indefinido no fijo.
Años después, el consistorio aprobó una oferta pública de empleo extraordinaria para estabilizar plazas ocupadas temporalmente durante años. Entre ellas, la que ocupaba este trabajador.
Aunque el empleado intentó participar en el proceso selectivo para consolidar su puesto. Sin embargo, fue excluido porque no contaba con la titulación exigida para optar a la plaza.
Finalmente, otro candidato obtuvo el puesto y el Ayuntamiento comunicó al trabajador la extinción de su contrato el 28 de diciembre de 2024. En ese instante, además, el empleado se encontraba de baja laboral tras haber sufrido un ictus semanas antes.

Un ejemplo de una carta de despido / Google
Como puedes imaginar, el trabajador decidió impugnar la decisión ante los tribunales al considerar que el despido tenía que declararse nulo o improcedente. No obstante, el juzgado concluyó que no se trataba de un despido, sino de una extinción válida al haberse cubierto la plaza en un proceso legal.
Aún así, la Justicia reconoció su derecho a recibir una indemnización equivalente a 20 días de salario por año trabajado: en total, más de 32.600 euros. Un despido más, de esos que sorprenden.
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