El Supremo abrió la puerta a las reclamaciones: miles de conductores podrían recuperar parte del dinero de su coche

Miles de conductores en España podrían tener derecho a reclamar una indemnización por la compra de un vehículo nuevo realizada entre febrero de 2006 y agosto de 2013. El motivo se encuentra en el conocido como "cártel de coches", un caso que acabó con importantes sanciones a numerosos fabricantes por intercambiar información comercial considerada contraria a la competencia.

La investigación de las autoridades concluyó que distintas marcas compartieron durante años datos sensibles relacionados con su actividad comercial. Según las resoluciones dictadas en el caso, estas prácticas pudieron afectar a las condiciones del mercado y provocar que algunos consumidores pagaran más de lo que habrían desembolsado en un entorno de competencia plena.

Tras un largo recorrido judicial, las sanciones impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fueron confirmadas en gran medida por los tribunales. A partir de ahí, se abrió la puerta a que los compradores afectados pudieran reclamar una compensación económica por el posible sobrecoste soportado al adquirir su vehículo.

La posibilidad de reclamar no está limitada a particulares. También pueden hacerlo autónomos y empresas que compraran vehículos nuevos durante el periodo afectado. Además, en muchos casos no es necesario conservar actualmente el coche, siempre que pueda acreditarse que el vehículo estuvo registrado a nombre del reclamante en aquellas fechas.

La cuantía de la indemnización depende de factores como la marca, el modelo, el precio de compra y el momento de adquisición. Aunque cada caso debe analizarse individualmente, las estimaciones realizadas por despachos especializados sitúan las posibles compensaciones en una horquilla que puede oscilar entre los 1.500 y los 9.000 euros.

Para iniciar una reclamación suele ser necesario aportar documentación que permita acreditar la compra y la titularidad del vehículo, como facturas, permisos de circulación o fichas técnicas. En los últimos años han surgido plataformas y bufetes especializados que gestionan estos procedimientos, muchos de ellos mediante sistemas en los que el cliente solo paga honorarios si la reclamación prospera.

Los expertos recuerdan que no se trata de una ayuda pública ni de una subvención, sino de una reclamación por daños derivada de unas prácticas que fueron objeto de sanción por parte de las autoridades de competencia. No obstante, no todos los vehículos vendidos durante esos años están afectados. La posibilidad de reclamar depende de que la marca y el modelo formen parte de los fabricantes incluidos en las resoluciones relacionadas con el cártel.

Con millones de vehículos potencialmente afectados, el caso se ha convertido en una de las mayores reclamaciones colectivas vinculadas al mercado automovilístico en España, con miles de conductores estudiando todavía si pueden recuperar parte del dinero abonado en la compra de su coche.