Tráfico
Así es el 'método gallego' en la carretera: Qué es y por qué lo persigue la policía
Los conductores que se aprovechan de la información publicada por otros usuarios de la vía pueden apañárselas para saltarse controles o radares
Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en carretera. / Guardia Civil
Quién no ha agradecido el típico aviso del navegador al acercarse a un radar y evitar así que cayera una multa por ir algo más rápido de lo permitido.
En algún u otro momento todo el mundo ha circulado por encima de la velocidad marcada en la vía y esto, sin saber donde están las máquinas de detección puede comportar sanciones que no acostumbran a venir demasiado bien para las carteras de los conductores.
Una señal que avisa de la presencia de un radar. / ·
Para ello, sin embargo, es necesario que los radares fijos estén localizados y señalizados por parte de otros usuarios, algo que también puede ocurrir con controles aleatorios de tráfico de la policía o los radares móviles y que incluso ha generado la creación de grupos de WhatsApp.
Esta práctica se conoce como el 'método gallego' porque fue en Galicia la primera comunidad en la que se empezó a sancionar por compartir la ubicación concreta de los radares móviles o de los controles aleatorios en carretera. No es ilegal según la ley de tráfico, al menos en cuanto a los radares fijos, pero sí que lo es si nos fijamos en la ley de seguridad ciudadana.
Un radar camuflado entre la vegetación. / ·
Así lo apunta la Guardia Civil, aunque en ocasiones la realidad puede ser contradictoria a ojos de los conductores porque la DGT misma publica su publicación de forma oficial, al menos en cuanto a los fijos. En cuanto a los móviles, revela los tramos en los que puede ser que se localicen, sin entrar en coordenadas exactas.
La norma 36.23 de la Ley de seguridad ciudadana identifica como una infracción grave el hecho de compartir imágenes y datos personales o profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si esto puede comprometer la seguridad de los mismos o sus familiares, así como el posible éxito de las operaciones en curso.
En el caso concreto de la comunidad gallega, la justicia sancionó a una empresa y un particular que se encargaban de la gestión de los canales de difusión de las ubicaciones de los radares móviles en la aplicación de mensajería instantánea.
En total, 15.000 personas se aprovechaban de la información considerada ilegal al considerar que podía afectar a la efectividad del operativo, por eso se decidió poner fin con una multa económica.
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