Gonzalo Bernardos, economista (62 años): “Los jubilados cobran cerca de 2.000 euros, por eso el sistema...”

El sistema de pensiones públicas español se basa en cinco principios fundamentales. En primer lugar, el principio de reparto, según el cual las pensiones que el Estado paga actualmente se financian con las aportaciones de los trabajadores en activo. En segundo lugar, la proporcionalidad contributiva, que establece que el importe de la jubilación de una persona depende, en cierta medida, de lo que haya aportado durante su vida laboral.

El tercer principio es el de universalidad, que garantiza cobertura también a quienes no han cotizado o no han aportado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva mínima. Además, el sistema se rige por la gestión pública, ya que las pensiones son administradas exclusivamente por organismos públicos encargados de la recaudación y gestión de las cotizaciones.

Finalmente, el principio de suficiencia de las prestaciones asegura que la cuantía de las pensiones sea adecuada para cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios. Por otro lado, existen dos grupos de pensiones: las contributivas, vinculadas a las aportaciones realizadas, y las no contributivas, destinadas a quienes no han cotizado lo suficiente para tener derecho a una pensión contributiva. 

Afecta a los jóvenes trabajadores

El economista Gonzalo Bernardos analizó en La Mirada Crítica la difícil situación del sistema público de pensiones español tras la reforma impulsada por José Luis Escrivá. Según Bernardos, la medida no ha logrado su objetivo de incrementar los ingresos por cotizaciones ni reducir el déficit, ya que cada vez hay más jubilados y con pensiones más altas, lo que ha generado un desequilibrio de unos 65.000 millones de euros en la llamada "hucha de las pensiones".

El experto advirtió que esta situación afecta especialmente a los jóvenes trabajadores, quienes soportan mayores cotizaciones e impuestos y probablemente recibirán pensiones más bajas en el futuro. Bernardos afirmó que los nacidos a partir de 1992 son los más perjudicados, pues las medidas actuales buscan compensar el déficit a su costa, lo que se traduce en una mayor carga fiscal para las nuevas generaciones. Aun así, señaló que existen alternativas como retrasar la edad de jubilación, al estilo de Dinamarca, o reducir la cuantía de las pensiones, como ocurre en Alemania, aunque admitió que ambas opciones son impopulares políticamente.

En relación con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), Bernardos criticó que esta medida, que implicará una reducción de hasta 95 euros mensuales en la nómina de los trabajadores a partir de 2026, es una “falsa solución”. Explicó que este sistema, que pretende reforzar la "hucha de las pensiones", en realidad no garantiza su sostenibilidad, sino que agrava la carga sobre los trabajadores activos. En su opinión, la reforma busca ganar apoyo entre los jubilados más que resolver los problemas estructurales del sistema.