El Gobierno cambia las reglas: A partir de abril, los funcionarios de Estado trabajarán 2 horas y media menos en su jornada

La Administración General del Estado (AGE) ha confirmado la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, con el objetivo de que entre en vigor durante la primera quincena de abril de 2026, tras la Semana Santa

Este cambio supone una reducción de dos horas y media respecto al horario actual, sin que ello implique modificaciones en las retribuciones de los empleados públicos. La iniciativa responde a un acuerdo alcanzado entre la Administración y las principales organizaciones sindicales.

El pacto ha contado con el respaldo de UGT y CCOO, y finalmente también con el apoyo de CSIF, que decidió sumarse tras asegurarse de que la medida se aplicará a la totalidad del personal de la Administración General del Estado.

Beneficios mútuos

En cuanto a los plazos, el Ministerio competente prevé publicar en un máximo de 15 días la resolución que establecerá de manera oficial los nuevos criterios de jornada y horarios. Este paso será clave antes de su aplicación efectiva en los distintos organismos.

El impacto de la medida será amplio. Desde el ámbito gubernamental se calcula que beneficiará a unos 220.000 trabajadores públicos, mientras que los sindicatos elevan esa cifra hasta cerca de 246.500 personas.

La reducción de jornada se extenderá a ministerios, organismos autónomos, agencias estatales y otras entidades públicas vinculadas a la Administración, e incluso podría aplicarse también en determinadas empresas públicas.

Todos incluídos o fórmulas específicas

Una de las principales novedades es que no se dejará fuera a colectivos que en anteriores propuestas generaron debate, como el personal de instituciones penitenciarias, sanitario o educativo. En estos casos, se establecerán fórmulas específicas para adaptar la medida a sus particularidades.

La implantación de la jornada de 35 horas implicará ajustes organizativos internos, incluyendo cambios en turnos, planificación de plantillas y distribución horaria. El objetivo es mantener la calidad del servicio público y mejorar la conciliación laboral, marcando así un cambio relevante en el modelo de trabajo dentro de la Administración.