El Gobierno ampliará el acceso a la jubilación anticipada para trabajadores con párkinson, espina bífida o enfermedades renales graves

La Seguridad Social incorporará once nuevas patologías al listado oficial que permite acceder a la jubilación anticipada sin recortes en la pensión.

La ministra portavoz, Elma Saiz, anunció que el cambio reglamentario se aprobará en los próximos meses y podría entrar en vigor en el segundo semestre del año.

Con esta actualización, trabajadores afectados por enfermedades graves como el párkinson, la espina bífida, lesiones medulares o patologías renales avanzadas podrán retirarse a partir de los 56 años manteniendo íntegra su prestación.

Ampliación del catálogo de enfermedades

Enfermedades que ya estaban incluidas

• Parálisis cerebral.
• Esquizofrenia.
• Esclerosis múltiple.
• Síndrome de Tourette.

Enfermedades que se incorporarán al catálogo

Estas patologías pasarán a formar parte del anexo del real decreto que regula la reducción de la edad de jubilación para personas con discapacidad igual o superior al 45%:

• Espina bífida.
• Amiloidosis por transtiretina variante.
• Distrofia miotónica tipo 1.
• Enfermedad de Huntington.
• Enfermedad renal crónica en estadio 5.
• Esclerosis sistémica.
• Degeneración corticobasal.
• Atrofia multisistémica.
• Parálisis supranuclear progresiva.
• Lesiones medulares.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada

Para beneficiarse de esta medida, los trabajadores deberán:

• Estar dados de alta en la Seguridad Social en el momento de solicitar el retiro.
• Acreditar al menos quince años cotizados.
• Demostrar que durante un mínimo de cinco años han estado afectados por la enfermedad que origina la discapacidad.

Además, el tiempo de adelanto de la jubilación se computará como cotizado a efectos del cálculo de la pensión, lo que garantiza que la cuantía final no se verá reducida.

Una medida reivindicada por los colectivos de discapacidad

Tras reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la ministra Elma Saiz defendió que la reforma responde a una demanda histórica de los afectados.

Según afirmó, se trata de "una medida de justicia" destinada a personas cuya vida diaria está profundamente condicionada por dolencias de gran impacto y que necesitan adelantar su retiro para situarse en condiciones equiparables al resto de trabajadores.