El Congreso aprueba la Ley de multirreincidencia: más castigos y cárcel por robo de móviles

Sustraer un móvil u otro aparato informático con datos personales tendrá ahora consecuencias en el país. El Congreso ha aprovado este jueves una medida histórica: la reforma del Código Penal impulsada por Junts y respaldada por PSOE, PP y Vox, con la abstención de ERC, para castigar la multirreincidencia.

La sensación de impotencia que se había instalado en muchos barrios de Barcelona frente a la delincuencia cotidiana ha experimentado un ligero alivio en los últimos días. Comerciantes, vecinos y fuerzas de seguridad ven en la nueva reforma penal una respuesta largamente esperada a un problema que había desbordado la convivencia urbana.

Los robos de bajo coste y alejamiento de barrios

Uno de los cambios más relevantes afecta a los hurtos de bajo valor. Hasta ahora, robar objetos por debajo de los 400 euros se castigaba con multas poco disuasorias. Con la nueva ley, la acumulación de tres hurtos, sin importar su cuantía, podrá suponer penas de prisión de entre uno y tres años, cerrando una vía de impunidad ampliamente explotada.

La reforma pone especial énfasis en el robo de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Este tipo de delito pasa a considerarse agravado al entenderse que no solo se sustrae un objeto físico, sino el acceso a datos personales, bancarios o íntimos. En una ciudad donde los smartphones concentran casi la mitad de los robos, el impacto práctico de esta medida puede ser inmediato.

Otra novedad celebrada por el comercio y los cuerpos policiales es la posibilidad de imponer órdenes de alejamiento de zonas concretas. Los jueces podrán prohibir a los multirreincidentes acceder a barrios, calles o espacios donde actúan de forma habitual, una herramienta legal que hasta ahora no existía y que evita detenciones repetidas en los mismos puntos.

Medidas firmes

La ley llega acompañada de un refuerzo del sistema judicial. Ante el colapso de los juzgados en Barcelona, el Gobierno ha pactado aumentar el número de jueces entre 2026 y 2027 para garantizar que las nuevas penas se apliquen con rapidez y no queden diluidas por retrasos procesales.

El recorrido político de la norma también ha sido significativo. Alcaldes de Junts como Marc Buch o Òscar Fernández, duramente criticados en 2023 por reclamar un endurecimiento penal, han asistido ahora a la aprobación de la ley que defendían, una muestra más de su acierto político. La reforma ha evidenciado la fractura entre el Gobierno y parte de sus aliados, que rechazan su enfoque más punitivo.

Con apenas unos cientos de delincuentes acumulando miles de detenciones en Barcelona, la reforma se presenta como una medida de supervivencia para la convivencia urbana.