Alquileres a mitad de precio y contratos de hasta 75 años: así es la nueva inmobiliaria del Estado

La nueva empresa de vivienda impulsada por el Gobierno ya tiene nombre: Casa 47, en referencia al artículo de la Constitución que reconoce el derecho a una vivienda digna. La antigua Sepes pasa así a convertirse en la gran promotora pública de alquiler asequible, con un proyecto que promete decenas de miles de viviendas a precios muy por debajo del mercado y con contratos de duración pocas veces vistos en España.

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, ha anunciado que los contratos de alquiler pueden alcanzar los 75 años de duración, aunque siguiendo una fórmula escalonada: un contrato inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre que los inquilinos mantengan las condiciones de acceso: "queremos que la preocupación de las familias sea su vida diaria, no el alquiler", señala la política.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a estas viviendas? Los solicitantes deben acreditar unos ingresos de entre 2 y 7,5 veces el Iprem, es decir, entre 16.800 y 63.000 euros brutos anuales, dependiendo de la circunstancia familiar de cada uno.

Según el ministerio de Vivienda, este rango permite cubrir el 60% de la población. Las rentas más bajas se derivarían a la vivienda social, mientras que las más altas quedarían fuera por poder adquisitivo suficiente para acceder al mercado libre.

Los alquileres no superarán en ningún caso el 30% de la renta media del territorio en el que estén ubicadas las viviendas. En ciudades tensionadas como Madrid pueden ser hasta un 38% más baratos que el mercado y hasta un 50% inferiores en ciudades como Málaga.

¿Y cómo se ofertarán estas viviendas? A través de un portal inmobiliario propio que entrará en funcionamiento en 2026, donde se podrán presentar las solicitudes de forma sencilla y transparente.

Si bien puede parecer una buena noticia, la oposición ha lanzado críticas feroces. El Ayuntamiento de Madrid acusa al Gobierno de "dejar fuera a las familias más pobres" y el PP a nivel nacional califica el proyecto como un "chiringuito ideológico" que puedes costar a las arcas del Estado 16.500 millones de euros.