¿PASARELA AL COCHE ELÉCTRICO?

Los expertos proponen encarecer el gasóleo el 28% y bajar la electricidad el 7%

Con la medida de penalizar el diésel y bonificar la electricidad el Gobierno se abre a la llegada de los eléctricos.

Ministro de Energía Álvaro Nadal
El ministro de Energía Álvaro Nadal. | periodico

Pablo Allendesalazar

Cambiar los impuestos para luchar contra el cambio climático. Esta es la principal recomendación del comité de expertos al que el Gobierno encargó hace más de medio año que analizase los diferentes escenarios posible para avanzar hacia un futuro energético más sostenible y cumplir los compromisos medioambientales europeos y globales de España. Su principal apuesta es ir hacia un sistema fiscal en que el que contamine pague más. Ello supondría un encarecimiento del gasóleo del 28,6% y de la gasolina del 2%, mientras que la electricidad se abarataría casi el 7%. 

Estas modificiaciones de precios se aplicarían de forma gradual y su objetivo sería electrificar la economía (reducir su dependencia del petróleo y el carbón). Los expertos defienden que habría que hacerlo compatible con evitar que las empresas industriales se vayan a otros países con menores costes y que tenga efectos negativos en los agricultores y los transportistas, así como con lograr que la presión fiscal no aumente sin que las Administraciones Públicas pierdan recaudación. 

El comité -formado por expertos nombrados por el Gobierno, los grupos parlamentarios, los sindicatos y la patronal- también propone que la tarifa de la luz deje de asumir los sobrecostes que suponen las primas de las renovables (eléctricas y biocombustible) y que estos pasen a repartirse entre todas las energías finales (electricidad, gas natural y derivados del petróleo). Además, insta a que todas las tecnologías contribuyan a financiar las infraestructuras necesarias para satisfacer el consumo energético.

El informe recomienda igualmente extender la protección a los consumidores vulnerables al conjunto de suministros energéticos de los hogares, a través de un bono social energético (no solo eléctrico), pero financiado por los presupuestos generales del Estado, no por las empresas. También defiende garantizar la protección efectiva frente al corte de suministro de todos los consumidores energéticos vulnerables (y no sólo a los severos), siempre que se haga de forma que se prevengan comportamientos oportunistas.

Apuesta nuclear

El informe también destaca que alargar la vida útil de las nucleares de los 40 años que muchas están a punto de cumplir a los 50 años permitiría evitar un déficit económico del fondo que gestiona la empresa pública Enresa para financiar el futuro desmatelamiento de las centrales y la gestión de los residuos. Asimismo, apunta que el cierre de las nucleares duplicaría las emisiones de CO2, encarecería la electricidad el 20% (entre 2.000 y 3.200 millones de euros al año), apenas permitiría aumentar la cuota de las renovables en la producción eléctrica (del 29,7% al 30,6%), y reduciría la capacidad de cobertura de la demanda en situaciones extremas (lo que obligaría a inversiones adicionales).

Por su parte, el gas natural jugará a su juicio un papel importante hasta el 2030, pero para el 2050 la generación eléctrica dependerá de las instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas y el almacenamiento. El carbón desaparecería de la producción. Los expertos instan al Gobierno a crear incentivos económicos que permitan a las empresas dejar en hibernación, en lugar de cerrarlas, centrales de generación que ahora no son necesarias pero puedan serlo en el futuro cuando suba la demanda.

Autoconsumo en la diana

La comisión también propone reformar los peajes de acceso a la red eléctrica para evitar que la electricidad siga siendo "artificialmente cara" respecto a otras tecnologías como el gas. El sistema actual, critica, hace que los autoconsumidores (hogares con placas solares, básicamente) no contribuyan al mantenimiento de la red, de la que también se benefician (vuelcan su energía sobrante y reciben cuando su producción no es suficiente). En la práctica, sostiene el documento, el resto de consumidores les subvenciona el acceso a la red, y ello pese a su menor poder adquisitivo (poner paneles supone una inversión que no está al alcance de cualquiera).

El comité sostiene que España va bien encaminada para cumplir sus compromisos de reducción de emisiones y de eficiencia energética, pero no tanto de incremento de la producción renovable. "Por ello, es fundamental abordar de forma urgente la reforma de la fiscalidad ambiental en el sector energético y la reforma de los peajes de acceso, de manera que los agentes económicos respondan a las señales de precio correctas que permitan la electrificación de la economía", ha sostenido su presidente, Jorge Sanz, en una nota.

Más medidas

Los expertos apuestan también por medidas de eficiencia energética adicionales (por ejemplo, en aislamiento térmico de edificios) e incluso potenciar las renovables no eléctricas (solar térmica o biocarburantes) a pesar de que son más caras. También abogan por incentivar con la regulación los coches con energías alternativas, pero sin precipitarse en medidas de gasto público que no se pueda recuperar. 

Asimismo, aboga por la reconversión energética del parque de edificios existente, así como por políticas públicas de apoyo al ahorro energético en la industria, como la inversión, exenciones fiscales o mediante empresas de servicios energéticos, centradas en medidas como la provisión de infraestructuras y la logística.

Recargo para pagar las carreteras

Los expertos abogan por aplicar un recargo al consumo de carburantes o sistema de "viñetas", que pagarían los propietarios de vehículos, para financiar la construcción y el mantenimiento de infraestructuras viarias. Una parte de las inversiones deberían ser cubiertas también por los presupuestos generales del Estado. El informe cifra en 12.520 millones de euros la inversión anual en la construcción y mantenimiento de carreteras y argumenta que el recargo será "imprescindible" a medida que cada vez más coches no utilicen los carburantes tradicionales.