Nunca ha de pagar gente inocente

ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD. ¿Ustedes se imaginan a dos grupos de arquitectos discrepando y discutiendo sobre el forjado o el planché de un edificio? ¿O a dos grupos de cirujanos sobre cómo se ha de hacer una operación de apendicitis? El juicio de la Acción Social de Responsabilidad que están afrontando los miembros de última junta de Joan Laporta, a petición de la de Sandro Rosell, está demostrando que sobre una misma cosa sostienen diferentes criterios reconocidos catedráticos, prestigiosos economistas, experimentados auditores, fiscalistas de postín... ¿Quién tiene, entonces, la razón?

La última palabra la dirá el juez Martínez Borrego quien, dicho sea de paso, tampoco es, porque no tiene porqué serlo, un avezado en contabilidad y auditorias. Además, no existe jurisprudencia para poder saber por dónde irán los tiros. Ésta es la primera vez que la junta de un club de fútbol afronta un juicio de tal naturaleza al amparo de la Ley del Deporte. Por lo tanto, en este caso, todos somos neófitos.

Con el paso de los años cada vez tengo más claro que el equipo de Rosell entró en el FCB con la clara intención de desprestigiar la presidencia de Joan Laporta. Y existía ese objetivo antes de tener las llaves del club y ver qué había dentro. Podría citarles docenas de ejemplos. Aquella Asamblea del 16 de octubre de 2010 fue milimétricamente diseñada para predisponer a los compromisarios hacia una misma dirección. Y casi les salió el tiro por la culeta. 

Jamás entenderé, diga lo que diga el juez, que directivos que entraron en 2006 y en 2008 tengan que ser responsables de decisiones que tomaron directivas en años anteriores. Sólo por eso la Acción de Responsabilidad me parece una injusticia.