Los siete puntos clave del juicio contra la junta de Laporta

Las dos incertezas

Concurso Mediapro: Mediapro financió con pagarés a dos años vista el pago de una prima diferida, pero en 2010 estaba en concurso de acreedores. Esa situación se solventó y el FCB ya cobró esa prima. Si los demandados tuvieran que pagar esos 3,2 millones, el FCB habría cobrado dos veces por el mismo concepto.

Caso Sogecable: Acusan a Ferran Soriano de decidir de forma unilateral en 2005 no pagar todo el dinero de la Champions a Sogecable. Esta empresa demandó al FCB y ganó en dos instancias judiciales. El FCB hizo una provisión, pero Deloitte, en 2010, creyó que se tenía que provisionar el cien por cien.

Las cinco salvedades

Traspaso de Henry: El traspaso de Henry a los Red Bulls lo gestionó Laporta, igual que el de Touré Yayá al City. La firma y el transfer se hicieron en julio de 2010 con Rosell de presidente. La venta de Henry se apuntó a Laporta con una pérdida de 8,2 millones y la de Touré como beneficio a la junta de Rosell por 14 millones.

Caso Baena: Una sentencia en Primera Instancia le había dado la razón al FC Barcelona. El entonces jugador del RCD Espanyol había recurrido a la sentencia y Deloitte decidió anular el apunte contable al entender que ese dinero nunca se cobraría por parte del club blaugrana.

Parcela de Sant Joan Despí: A la hora del cierre contable no existía la escritura de esa parcela por un retraso, aún así Laporta entendió que era una venta en firme, llegando a cobrar parte del precio y el IVA. La junta de Rosell recuperó esa parcela resolviendo el contrato. Hay expertos que afirman que no ha existido perjuicio económico.

Prima de Mediapro: Deloitte afirmó que la junta de Laporta se apuntó en un solo año 16 de los 20 millones de la prima de Mediapro por la firma del nuevo contrato de derechos audiovisuales. El FCB ha cobrado la totalidad de esa prima. Algunos se preguntan: ¿han de pagar los directivos demandados por algo que el FCB ya ha cobrado?

Terreno de Viladecans: La junta de Rosell encargó a una empresa la tasación de esos terrenos. Ésta estableció que valían 5,5 millones, cuando se habían pagado 18,5 millones. Una sentencia de la Fiscalía de Catalunya afirmó que el FCB había pagado según el precio de expropiación marcada por la Generalitat.